Polémico trato por los médicos cubanos: pago en euros y seguridad laboral

El acuerdo que el Gobierno de la Ciudad de México firmó con el Ministerio de Salud de Cuba el 23 de abril, para traer a un grupo de especialistas que ayude en la emergencia sanitaria, ha resultado controvertido… Documentos a los cuales Proceso pudo acceder dan cuenta de las condiciones que la administración capitalina aceptó para poder contar con los especialistas de la isla, como el pago de casi 136 millones de pesos que tendrían que ser depositados en euros, así como la garantía de que el personal cubano contaría con todo lo necesario para su seguridad física y laboral.

Pese a la denuncia que la ONU hizo el 6 de noviembre de 2019, acerca de que el gobierno de Cuba es sospechoso de ejercer nuevas maneras de “esclavitud y trabajo forzoso” sobre su personal médico, mediante el envío de misiones a diferentes países del mundo, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo y pagó millones de pesos para que un grupo de especialistas de la isla viajara a la capital del país para apoyar en el combate al covid-19.

El “Acuerdo de Cooperación Bienal” –cuya copia tiene Proceso– firmado el 23 de abril entre la administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, consiste en un pago para que 585 empleados de salud de la isla de diversas disciplinas y especialidades colaboren durante tres meses en la atención de pacientes con covid-19 en los hospitales que determine la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

La dependencia capitalina tiene 11 hospitales covid reconvertidos, además de módulos de triaje en clínicas y jurisdicciones sanitarias, incluido uno en la Central de Abasto.

La primera cláusula del documento indica que el acuerdo tiene por objeto la cooperación técnica, científica y académica en materia de salud, “que contribuyan a fortalecer la estrategia mexicana ante la situación de emergencia sanitaria para la atención de la epidemia generada por el virus SARS-coV2”. 

La segunda disposición revela que el gobierno de Sheinbaum pagó en una sola exhibición por dicho “apoyo” médico 135 millones 875 mil 81 pesos; sin embargo, Cuba pidió que el depósito fuera “en euros”. Así, el monto cubierto fue aproximadamente de 5.3 millones de euros –de acuerdo con el tipo de cambio actual–, depositados al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel vía el Banco Financiero Internacional SA La Habana, bajo el beneficiario “CSMC, SA”.

De acuerdo con un desglose realizado por este semanario, si los 135 millones 875 mil 81 pesos se dividen entre los 585 médicos cubanos que viajaron a la Ciudad de México, el gobierno capitalino destinó, en promedio, 232 mil 265 pesos por cada uno de ellos por tres meses… Es decir, el costo mensual por cada especialista caribeño fue de 77 mil 421 pesos con 69 centavos, de manera general.

Cabe aclarar que lo depositado al gobierno de Cuba no cubre gastos de hospedaje ni alimentación. A decir del presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Rafael García González, los empresarios del ramo son quienes han asumido la manutención de los especialistas de la isla, a petición del gobierno de Sheinbaum, mediante su secretario de Turismo, Carlos Mackinlay.

De acuerdo con cálculos del propio García González, los hoteleros y restauranteros locales podrían llegar a sufragar cerca de 44 millones 570 mil pesos por albergarlos y alimentarlos durante los 60 días que llevan en la ciudad. 

Antecedentes

Lo pagado por el Gobierno de la Ciudad de México a la isla es la misma cantidad que la administración de la jefa de Gobierno le solicitó al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– y que esa dependencia federal depositó el 21 de abril en una cuenta que se abrió el mismo día en el banco HSBC. 

Dicho monto está registrado en el “Convenio de colaboración para apoyar la atención de la epidemia originada por el virus SARS-coV2 (Covid-19)”, cuya copia también tiene este semanario.

El convenio último fue firmado por el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer García, y la titular de la Sedesa, Oliva López Arellano, así como por el director general de Administración y Finanzas de la dependencia capitalina, Jesús Antonio Garrido Ortigosa, y la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar.

En la cláusula tres del convenio entre la administración de Sheinbaum y la de López Obrador se especifica que los recursos otorgados deben destinarse “exclusivamente para incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud de la Ciudad de México, para hacer frente a la emergencia sanitaria” y se aclara que la Sedesa será la dependencia que guarde la relación laboral con el personal que contrate. 

En la noche del 23 de abril, la Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno federal informó que en México los casos confirmados de covid-19 ascendían a 11 mil 633 y que, de ellos, tres mil 157 correspondían a la capital del país.

En materia de defunciones, las autoridades reportaron mil 69, de las cuales 268 eran de la Ciudad de México. La fase 3 de la pandemia llevaba apenas dos días.

Horas antes del reporte, López Arellano y su director de Administración, Garrido Ortigosa, y el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, plasmaron sus firmas en el “Acuerdo de Cooperación Bienal”, en cuyos antecedentes argumentan que, en el contexto de la pandemia “se acentúa la necesidad de la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas para vigilar el cumplimiento y observancia en materia de derechos humanos”.

Así, tras la firma del 23 de abril, la Ssa publicó el día siguiente en el Diario Oficial de la Federación las especificaciones para contratar al “personal profesional de la salud con formación en el extranjero”. Días antes, el 30 de marzo, el gobierno local hizo lo propio al publicar en la Gaceta Oficial el Primer Decreto que autoriza a la Sedesa a implementar acciones extraordinarias para evitar la propagación del virus.

Obligaciones 

En la cuarta cláusula del acuerdo firmado con el gobierno de Díaz-Canel se establecen las nueve obligaciones de la Sedesa con el personal de salud cubano: garantizar su hospedaje, alimentación, atención médica y transporte; garantizar su transporte nacional e internacional, así como “cualquier otro gasto imprescindible que se genere durante el tránsito y recorrido”; tramitar cualquier permiso requerido para su entrada, permanencia, ejercicio de la profesión y salida del país y asumir ante cualquier enfermedad, accidente o fallecimiento los gastos que se originen por los traslados a su país de origen, así como los de un acompañante cuando se requiera.

En el documento también se indica que el Gobierno de la Ciudad de México deberá suministrarle al personal cubano los instrumentos necesarios para la prestación adecuada de los servicios, garantizar que ejecuten sus funciones “únicamente en el sector público y al amparo del presente acuerdo con las instituciones a las que sean designados, garantizando que no sean empleados durante el periodo de los servicios convenidos, coadyuvar para que se aboquen en todo momento al cumplimiento del acuerdo. Cualquier acto contrario o participación en actividades de otra índole” se deberá informar al Ministerio de Salud.

La administración de Sheinbaum también se comprometió a garantizar la seguridad y protección de los médicos cubanos en su lugar de trabajo y residencia, así como informarles sobre los procedimientos y protocolos establecidos por la Sedesa, garantizando el acompañamiento técnico y legal, siempre que se requiera.

El Ministerio de Salud de Cuba también está obligado a cumplir algunas acciones: emitir en favor de la Sedesa el recibo de la transferencia monetaria, emitir una carta responsiva que avale la capacidad técnica del personal que designe para el acuerdo, garantizar que tengan la calificación y experiencia necesaria –con documentos académicos– para ejercer su trabajo.

También deberá asumir el pago del pasaje aéreo y otros gastos de traslado si deciden el regreso fuera del tiempo establecido; designar a un coordinador para hacer las gestiones relativas al acuerdo; apoyar los programas de asesoramiento y capacitación de personal de salud que sean solicitados por la Sedesa; y garantizar que el personal de salud realice sus actividades según los procedimientos, protocolos y disposiciones jurídicas en México en las unidades médicas asignadas. 

A petición de la contraparte, el gobierno cubano deberá “participar en el desarrollo de actividades técnicas, científicas y académicas del área de la salud”; y garantizar que “cumplan con las guardias acordadas entre la Sedesa y los responsables del grupo de los trabajadores, según las necesidades de las unidades médicas a las que serán asignadas”.

El Gobierno de la Ciudad de México y el Ministerio de Salud de Cuba se comprometen a designar a los responsables del control y seguimiento del acuerdo y a hacer evaluaciones periódicas. También aclaran que no son responsables “del incumplimiento o cumplimiento inadecuado de sus obligaciones cuando no las puedan hacer por razones de caso fortuito o fuerza mayor”.

Según el documento, el acuerdo puede terminar antes de lo previsto, pero se debe avisar por escrito y con un mes de anticipación; se puede suspender por “circunstancias excepcionales, por correr peligro la seguridad e integridad física (del personal) o requerirse su presencia” en el país de origen, o bien, puede ser modificado mediante suplementos escritos y por acuerdo de ambas partes.

Al final ambas administraciones indican que el acuerdo entra en vigor el día de la firma (23 de abril) y se mantendrá vigente “tres meses” (hasta el 23 de julio) y es prorrogable por igual periodo, “según el interés de alguna de las partes mediante su consentimiento expreso y el apoyo correspondiente”. 

Los médicos cubanos llegaron a la Ciudad de México el 27 de abril. En declaraciones recientes a la prensa, López Arellano dijo que posiblemente el acuerdo se extienda “hasta agosto”.

Denuncia

El 6 de noviembre de 2019, Urmila Bhoola, relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ambas representantes de la ONU, emitieron un documento dirigido al gobierno de Cuba. 

De acuerdo con las relatoras “muchos médicos cubanos que trabajan en el exterior estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, pagos salariales inadecuados. Además, estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del gobierno”.

Según testimonios, aunque la participación de los médicos es “oficialmente voluntaria”, se sienten presionados y temen represalias si no aceptan. Además no reciben copias de sus contratos ni el pago equivalente a su trabajo.

“El gobierno de Cuba recibiría una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos (…) En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, éste debe devolver a su gobierno un porcentaje de su salario que aumentaría hasta 90% de su salario mensual. 

“En muchos casos el salario entregado a los médicos no permitiría vivir dignamente. Además, el gobierno cubano estaría ‘congelando’ una parte del salario al que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país, pero, según información recibida, muchas veces no reciben la totalidad del monto que les corresponde”, exponen las relatoras.