Opacidad en los convenios para “transparentar” el Tren Maya

Los convenios entre la administración federal y dos agencias de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat y UNOPS) establecen importantes pagos por servicios técnicos relacionados con el Tren Maya. Sin embargo, en el portal de transparencia gubernamental dichos documentos contienen partes que no se pueden consultar con el argumento de que son datos confidenciales, carácter que desmiente la oficina de ONU-Hábitat para Cuba y México.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y sus funcionarios suelen presumir que el Tren Maya goza del apoyo de dos agencias de la ONU; sin embargo, omiten decir que este apoyo costará al menos 8 millones 566 mil dólares al erario… unos 190 millones de pesos a la tasa de cambio actual.

Hasta el momento la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a pagar 6 millones 882 mil dólares al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y otro millón 684 mil 337 dólares a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS) por servicios relacionados con el Tren Maya. Estas agencias y sus titulares, a su vez, promueven activamente el proyecto desde hace más de un año.

Tras una búsqueda en los archivos del Fonatur almacenados en la Plataforma Nacional de Transparencia, Proceso localizó dos acuerdos y una enmienda celebrados con las agencias de la ONU: extrañamente, la dependencia a cargo del Tren Maya tachó partes enteras de los tres documentos con el argumento de que se trata de “información confidencial” de los organismos internacionales.

Las partes tachadas comparten el mismo fraseo: “Información confidencial de (ONU-Hábitat o UNOPS, en su caso) que refleja la ejecución del proyecto y la estructura de costos (directos e indirectos) basados en la implementación de los servicios y diferentes insumos necesarios para cumplir con su objeto y la atención de sus reglas, reglamentos, regulaciones, políticas y procedimientos financieros”.

Eduardo López Moreno Romero, director de la Oficina para México y Cuba de ONU-Hábitat, expresa su sorpresa cuando se le dice que los documentos fueron tachados: dice a Proceso que ignora la razón y añade que las agencias de la ONU no manejan “información confidencial” porque “no tenemos nada qué ocultar” y “no hay ninguna razón por la cuál no se deberían hacer públicas”.

López Moreno sostiene que tampoco ha escuchado acerca de Eclecsis Sinergia y Tecnología, S de RL de CV, empresa a la que el Fonatur adjudicó de manera directa un contrato de 11 millones 262 mil pesos (sin IVA) por un servicio de “asistencia técnica para la coordinación Fonatur-ONU-Hábitat en el desarrollo de un programa integral territorial de la región sureste de México, y la elaboración de insumos estratégicos para fortalecer la integración de las vocaciones económicas de las microrregiones con la demanda de transporte de carga del Tren Maya”.

Como en los convenios con las agencias de la ONU, 21 de las 25 hojas de los anexos del contrato con Eclecsis –las que detallan los servicios contratados– están tachadas con el argumento de que se trata de “información confidencial de aplicación industrial y/o comercial”. Proceso llamó a las oficinas y envió un correo a Juan Carlos Pérez Alfaro, representante legal de la empresa y firmante del contrato, pero no recibió respuesta.

El martes 16 este semanario envió una serie de preguntas al Fonatur respecto a aspectos y hallazgos de este reportaje; David Ordaz Chávez, su director de prensa, dijo que transmitió el cuestionario a las áreas involucradas; al cierre de esta edición, la tarde del viernes 19, aún no había respuesta.

“Estrategia de intervención”

El primer convenio entre Fonatur y ONU-Hábitat fue revelado en un reportaje de Daliri Oropeza, publicado el pasado 9 de junio en Pie de Página: este trabajo reveló que, mediante un “acuerdo de contribución”, Fonatur se comprometió a pagar 5 millones y medio de dólares a la agencia de la ONU hasta 2021 a cambio de diversos servicios relacionados con el Tren Maya.

El acuerdo planteó una “estrategia de intervención” con seis “ejes temáticos secuenciales vinculados con el ordenamiento territorial de la región”, entre ellos “redefinir el sistema regional de ciudades”, “repensar y cambiar ventajas comparativas de las microrregiones” o “evitar la generación de desigualdades en el territorio”, con una cláusula específica en la cual convinieron que “se abstendrán de cualquier acción que pueda afectar adversamente los intereses de la otra Parte”.

Ello quedaría plasmado en una “propuesta técnico-financiera para la elaboración del Proyecto denominado ‘Desarrollo Integral de la Región Sureste de México-Corredor Regional Tren Maya’”, según el documento, cuyos anexos, de la página 18 a la 44, están tachados.

El acuerdo exhibido por Pie de Página fue firmado el 21 de mayo de 2019; seis meses más tarde, el 20 de noviembre, Fonatur y ONU-Hábitat sumaron una enmienda al acuerdo original, a través de la cual la dependencia se comprometió a pagar 1 millón 382 mil dólares suplementarios a la agencia internacional, lo que elevó el costo total de los servicios a 6 millones 882 mil 606 dólares.

Esta enmienda encargó un “eje temático” adicional a ONU-Hábitat, denominado “estrategia para el reasentamiento integral de población en derechos de vía del Tren Maya”; en otras palabras contrató a la agencia para que supervise el desplazamiento de las familias que viven cerca de las vías del tren; también se planteó que la agencia realice una “planeación urbana e instrumentos operativos para los centros urbanos y los entornos de las estaciones (terminales, patios, áreas de servicio) del Tren Maya”.

Moreno aclara que la agencia sólo asume “el apoyo técnico y sustantivo a la relocalización”, pero insiste en que la reubicación “la hace el propio gobierno (…) no es de nuestra competencia”. Explica que cuando firmó el primer acuerdo con el Fonatur, éste no había definido los trazos finales del tren y que “cuando los terminaron, resultó que en el paso de la vía del tren había población asentada”, razón por la cual elaboraron la enmienda.

Dice que los lineamientos de ONU-Hábitat sobre la relocalización tienen perspectiva de derechos humanos –no importará si las familias tienen o no documentos de propiedad–; dice que personal contratado por ONU-Hábitat inició un censo de las personas que serán desplazadas, pero asegura que este censo se detuvo por la pandemia de covid-19 y niega rotundamente que lo estén realizando actualmente, como lo reportaron algunas versiones periodísticas.

Con base en la enmienda, el Fonatur pagará al menos 2 millones 675 mil dólares a ONU-Hábitat en 2020, contra 1 millón 966 mil dólares en el acuerdo original, los cuales se suman al presupuesto que la oficina de ONU-Hábitat en México recibe de Nueva York y de la sede central de la agencia, en Nairobi.

En su décima semana en el poder, el gobierno de López Obrador y la UNOPS –con sede en Panamá– celebraron un “acuerdo marco” que sentó las bases de cooperación para proyectos de interés y para acciones orientadas a fortalecer la transparencia, “siempre a solicitud del gobierno de México”. 

La primera labor de la agencia de la ONU consistió en poner a la venta el lujoso avión presidencial TP-01, que López Obrador señala como un símbolo de la corrupción de sexenios anteriores y en cuya venta ha gastado muchos recursos.

El Fonatur también celebró con la UNOPS un acuerdo de “asistencia técnica” para la gestión de proyecto y la transparencia en la primera fase del Tren Maya (la “Estructuración del Proyecto”), cuyo costo se elevó a 1 millón 684 mil dólares. Dicho acuerdo planteó que la agencia de la ONU revisaría los procesos de contratación, los estudios, el modelo de negocio y la preestructuración financiera.

Esta es, al menos, la información que deja ver el documento disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia: las siguientes seis hojas de los anexos al acuerdo se encuentran testadas, a pesar de que parte del contrato trate, precisamente, de que cada proceso del Tren Maya cumpla con los máximos estándares de transparencia.

No es la primera vez que el Fonatur se muestra reticente en transparentar información relativa al Tren Maya: en marzo pasado reservó cinco años un estudio sobre la oferta y demanda del Tren Maya realizado por el despacho Steer Davies & Gleave –que Proceso había solicitado a través del Sistema Nacional de Transparencia–, con el pretexto de que su divulgación podría generar “especulaciones con respecto al funcionamiento del Tren Maya” o incluso a “la viabilidad del proyecto”.

“Cero ganancia”

López Moreno niega que las transferencias de dinero se puedan equiparar con una “retribución”, una palabra que según él “no existe en el Sistema de Naciones Unidas”, dado que “por mandato y por regulación y legislación, ONU-Hábitat no puede cobrar ni un dólar; tenemos cero ganancia: es dinero que se nos da para la agenda con la intervención técnica y sustantiva”.

El funcionario sostiene que ONU-Hábitat opera en México mediante 10 a 15 acuerdos de esta naturaleza –es decir, con recursos públicos de por medio– con gobiernos de distintos niveles y que “siempre ha operado de esta manera”, tanto aquí como en otros países. Insiste: “Es una práctica común de ONU-Hábitat y de todas las agencias (de la ONU)”.

Sin embargo, en diciembre pasado el Fonatur celebró un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa al Tren Maya; consultado por Proceso, el equipo de comunicación de la agencia de la ONU sostiene que la UNESCO no le cobrará al Fonatur por esta misión.

A finales del año pasado la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tampoco cobró al gobierno mexicano por monitorear las actividades de consulta sobre el Tren Maya; de hecho, el gobierno mexicano criticó con vehemencia el informe del organismo, el cual documentó los incumplimientos de la consulta con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Consultado sobre el destino de los más de 2 millones de dólares que Fonatur ya entregó a ONU-Hábitat, López Moreno se muestra evasivo: “Mira, ‘exactamente’ es una palabra que significaría una auditoría de tu parte, o una revisión. Lo que te puedo decir es que todos estos recursos se utilizan para el bien de los objetivos del proyecto, desde la perspectiva que marcamos, y nosotros tenemos en forma permanente y constante dos tipos de auditoría: una en Nueva York y otra en Nairobi, cada dólar que se eroga, ellos lo están checando”.

–A grandes rasgos, ¿qué estudios han realizado con este presupuesto? ¿A cuántas personas han contratado? –se le insiste.

–Estudios hemos hecho muchos. En los primeros análisis nos dimos cuenta de que había poblaciones rurales o apartadas de las zonas funcionales del tren y entonces teníamos que hacer estudios que nos permitieran que sean beneficiadas (…) Los estudios van encaminados a esto, en cinco estados, en varios municipios; también hemos trabajado en los lineamientos de lo que deberían ser las áreas de los centros de población donde van a estar las estaciones; asegurarnos que sean sustentables, que respeten las condiciones ecológicas, que mantengan relaciones de equilibrio entre desarrollo urbano y otros factores”.

Partiendo del principio de que “la urbanización siempre se acompaña de desarrollo y prosperidad” –el PIB por habitante es mucho más elevado en estados altamente urbanizados como la Ciudad de México o Nuevo León, que en entidades esencialmente rurales, como Chiapas y Oaxaca–, ONU-Hábitat plantea en el acuerdo que el Tren Maya permitirá crear un “corredor regional urbano para extender la prosperidad hacia el sureste, que permitiría mejorar el bienestar del total de la población”.

López Moreno explica que su agencia acompaña el diseño de los “polos de desarrollo”, las ciudades nuevas que Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya, con servicios de hoteles, viviendas y comercios. Añade que cuando los polos se creen, estarán habilitados para una cantidad de personas “igual o inferior a la población que vive ahí hoy día”, mientras que en las ciudades existentes se pretende “no rebasar un incremento de 20% de la población en los próximos 10 años”.

El primer eje previsto en el acuerdo consiste en crear una “narrativa del proyecto”, es decir hablar de “una intervención regional para llevar la prosperidad nacional a la región sureste apoyada con la construcción de evidencia y buenas prácticas”.

A pregunta expresa, López Moreno comenta que le interesó “reconstruir una narrativa diferente en donde el gobierno entienda que nuestro trabajo es asegurar que es un proyecto integral del sureste y no un proyecto ferroviario”, pues dice que “en las primeras reuniones nos quedó muy claro que si se hacían sólo mil y tantos kilómetros de un proyecto técnico tren-ferroviario, muchas de las poblaciones no se podrían beneficiar”.

Otra cláusula del acuerdo establece que por ninguna circunstancia el Fonatur podría utilizar el nombre o el logotipo de ONU-Hábitat “con fines comerciales o para un uso que en cualquier forma sugiera el respaldo, por parte del ONU-Hábitat, al Fonatur, sus productos o servicios”, ni para cualquier “causa política”. 

A pesar de que los funcionarios del Fonatur presumen regularmente que su labor está avalada por la ONU, López Moreno asegura que la dependencia no ha infringido esta cláusula.