La SEC investiga irregularidades en Pemex de 2012 a 2018

En una investigación similar a la que realizaron sobre Odebrecht, las autoridades de Estados Unidos tienen bajo su mira a Pemex. Dado que la petrolera mexicana cotiza en la bolsa de aquel país, la autoridad bursátil formó un equipo de investigadores para comprobar si la empresa reportó números alterados en sexenios anteriores, lo que la haría acreedora a una fuerte sanción. Esta indagación, en la que además participan el FBI y el Departamento de Justicia, incluye entre otras irregularidades la fraudulenta adquisición de Fertinal, financiada por Nafin, Bancomext… y Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.

 

 

El gobierno de Estados Unidos investiga a Pemex desde hace por lo menos un año y medio: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ese país sospecha que a partir de finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicana falsificó su información financiera.

El 8 de mayo de 2018 la SEC constituyó un grupo de 26 especialistas en delitos financieros y le encargó una “investigación privada” sobre Pemex, de acuerdo con un oficio “no público” de la autoridad bursátil estadunidense en poder de Proceso.

La investigación incluye los casos de compraventa de las empresas Agronitrogenados y Grupo Fertinal, pero no se limita a ellos: abarca virtualmente todas las irregularidades perpetradas durante las administraciones de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, los sucesivos directores generales de Pemex desde 2012.

La SEC tiene información según la cual “al menos desde enero de 2012” Pemex violó dos artículos de la ley bursátil estadunidense. Los mismos artículos motivaron la indagatoria en Estados Unidos sobre los actos de corrupción que realizó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países –México incluido–, la cual derivó en una sanción de 3.5 mil millones de dólares.

Bajo esta premisa, la SEC lanzó la investigación privada para “determinar si personas o entidades incurrieron en algunos de los actos o prácticas reportados, o cualquier otro acto o práctica que tiene un propósito similar”, y encomendó a un equipo de alto perfil que indague a Pemex.

Entre los investigadores destacan Charles Cain, quien dirige la unidad encargada de aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (ley antisoborno); Eric Bustillo, director regional de la oficina de la SEC en Miami; así como Ernesto Palacios y Thierry Olivier Desmet, los agentes que condujeron la investigación sobre Braskem, una filial de Odebrecht.

La SEC les otorgó un mandato que les confirió “el poder de llevar a cabo juramentos y declaraciones, citar testigos y obligarlos a comparecer, recopilar evidencia y requerir la producción de cualquier libro de contabilidad, documento, correspondencia, memorando u otro archivo que se considere relevante o materiales para la investigación”.

Al colocar bonos de deuda en la bolsa de Estados Unidos, Pemex responde a la ley antisoborno de ese país y a la jurisdicción de la SEC. En caso de que la investigación en curso desemboque en una sanción contra la petrolera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá pagar por irregularidades cometidas durante los últimos dos sexenios.

De manera insistente Proceso buscó la versión de Pemex desde el viernes 6: en un cuestionario preguntó si la administración de Pemex está enterada de que existe una investigación en curso y si colabora en ella; también inquirió sobre los riesgos que implica esta indagatoria en materia de penalización o sobre la calificación crediticia de la petrolera. Una semana más tarde, al cierre de la presente edición, la petrolera sigue sin responder.

Pemex es un elemento central en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación que impulsa López Obrador: el mandatario presenta a la petrolera como palanca de desarrollo y pretende ponerla “al rescate de la soberanía” del país.

Parte de su estrategia pasa por subsanar la empresa, cuya deuda se disparó durante el gobierno de Peña Nieto: pasó de 60 mil millones de dólares en 2012 a 105.8 mil millones de dólares en 2018. Para reactivar la producción de la petrolera, el gobierno federal planea inyectarle 86 mil millones de pesos el año entrante, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Además, atraviesa un momento complicado en el mercado estadunidense: en junio, la agencia Fitch Ratings redujo la perspectiva de la petrolera de estable a negativa, y el pasado lunes 9 la calificadora Moody’s expresó que Pemex enfrenta el riesgo de convertirse en un “ángel caído”, es decir, que pierda su grado de inversión.

Aún así, Pemex informó el jueves 12 que había colocado en el mercado internacional bonos de deuda por 7 mil 500 millones de dólares, como parte del plan de refinanciamiento anunciado un día antes por la Secretaría de Hacienda.

 

“Irregularidades probadas”

 

En su investigación sobre Pemex la SEC sigue la pista de posibles actos de corrupción en el caso Fertinal, en el que estuvieron involucrados el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y figuras de primer nivel de la administración de Peña Nieto, como Proceso ha documentado en varios reportajes publicados desde principios de año.

En este caso, la autoridad bursátil estadunidense no actúa sola: también participan funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI, reveló The Wall Street Journal el pasado miércoles 4. Ambas instancias están facultadas para investigar sobre sobornos en el extranjero.

La indagatoria sobre Fertinal nació con la denuncia reciente de un “informante”, quien afirmó en un escrito entregado a la SEC que Peña Nieto recibió un soborno de 50 millones de dólares para autorizar la adquisición de la empresa. El exmandatario, quien reside actualmente en España, desmintió categóricamente la denuncia.

De acuerdo con el oficio de la SEC en manos de Proceso, antes de ordenar la investigación el organismo tenía “información que tiende a mostrar que, al menos desde enero de 2012 (…) Pemex o sus funcionarios, directivos, empleados, socios, subsidiarias y/o afiliadas” violaron los artículos Sección 13(b)(2)(A) y Sección 13(b)(2)(B) de la Ley de Intercambio.

De manera más precisa, la SEC cree que la petrolera y sus funcionarios infringieron el primer artículo –Sección 13(b)(2)(A)– al maquillar “libros de contabilidad, archivos y estados de cuenta”, los cuales no “reflejaron de manera justa las operaciones y activos disponibles de Pemex”.

Según la comisión, funcionarios de Pemex también pudieron “causar un fracaso en mantener (…) un sistema de rendición de cuentas interno eficiente, que garantice razonablemente que las operaciones se llevaron a cabo acorde con las autorizaciones específicas de la dirección y que fueron registradas como se requiere para la elaboración de un estado de cuentas conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que asegure la transparencia sobre los activos”, en violación al segundo artículo –Sección 13(b)(2)(B)–.

En diciembre de 2016 la SEC determinó que los directivos de Braskem, filial de Odebrecht, violaron estos dos artículos al “crear registros financieros falsos para encubrir su esquema de sobornos” y que “fracasaron en tener un sistema de auditoría interna suficiente para detectar y prevenir la autorización de los pagos ilícitos”.

El pasado 30 de abril Pemex reconoció ante la SEC que existieron “debilidades” en el control interno sobre los informes financieros consolidados entre 2015 y 2018.

“Nuestra administración concluyó que nuestro control interno sobre reportes financieros no era efectivo hasta el 31 de diciembre de 2018”, planteó la empresa, ahora dirigida por Octavio Romero Oropeza, en el informe anual que entregó a la SEC.

En el mismo informe Pemex señaló a la SEC que el gobierno mexicano investiga sobre “irregularidades probadas en la adquisición de Fertinal en 2016 por una de nuestras subsidiarias”, pero también sobre la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) en 2014 y sobre los sobornos que Odebrecht pagó para obtener contratos de obra pública.

Las adquisiciones de Fertinal y Agronitrogenados, manchadas por actos de corrupción, cavaron un hueco multimillonario en Pemex, el cual se agravó en los últimos años: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que Pemex Fertilizantes perdió 21 mil 174 millones de pesos en la compra de ambas empresas.

Además, la petrolera reconoció ante la SEC que su negocio de fertilizantes sufrió “pérdidas netas” por mil 659 millones de pesos en 2016, 4 mil 270 millones de pesos en 2017 y 5 mil 330 millones de pesos el año pasado.

 

Espaldarazos

 

La Fiscalía General de la República (FGR) ya tomó acciones contra dos de los protagonistas principales de los casos de Odebrecht­ y Agronitrogenados: Emilio Lozoya Austin, imputado por el presunto cobro de sobornos de ambas empresas, actualmente está prófugo; Alonso Ancira Elizondo, el dueño de AHMSA, está preso en España desde el pasado 28 de mayo.

El 30 de julio la FGR incluso anunció la apertura de una nueva carpeta de investigación sobre Agronitrogenados, derivada de una denuncia que interpuso la ASF por las irregularidades que detectó en el proceso de adquisición y de operación de la planta “chatarra” entre 2015 y 2018, las cuales provocaron pérdidas mayores de 460 millones de dólares.

En el caso de la compraventa de Grupo Fertinal –que se llevó a cabo a sobreprecio y a pesar de que la empresa se encontraba “técnicamente” en quiebra, según Pemex–, López Obrador causó sorpresa: defendió con firmeza a su aliado Salinas Pliego en tres de sus conferencias matutinas.

En julio pasado Proceso reveló los vínculos­ de Salinas Pliego con una red de sociedades de papel creadas en Suecia y Bélgica –con ramificaciones en los paraísos fiscales de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas–, las cuales tenían acciones de Grupo Fertinal desde 2006. Su socio, Fabio Massimo Covarrubias Piffer, controlaba las demás acciones.

El presidente dio el primer espaldarazo a Salinas Pliego el pasado 22 de julio, un día después de publicarse el reportaje: tras criticar a este semanario por no “portarse bien” con su gobierno, López Obrador afirmó que no existía ninguna denuncia sobre Fertinal.

Eso era incorrecto: Pemex interpuso una denuncia de hechos ante la FGR el pasado 5 de marzo, ya en la actual administración, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y la contratación indebida del crédito que sirvió para financiar la adquisición de Fertinal, la cual “presentaba una situación de endeudamiento” y “técnicamente se encontraba en quiebra”.

El día siguiente López Obrador corrigió: reconoció la denuncia, pero insistió en que “lo que no hay es una denuncia contra Salinas Pliego”.

El segundo respaldo presidencial a Salinas Pliego tuvo lugar en la conferencia matutina del pasado jueves 5. Un día antes The Wall Street Journal resaltó los vínculos del empresario con las sociedades de Bélgica y Suecia –que había revelado Proceso– e informó sobre la investigación de la SEC y el Departamento de Estado.

López Obrador aseveró que “ni siquiera lo está atendiendo una autoridad, creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso”; insistió en que “no podemos descalificar a nadie” ni hacer un “juicio sumario”, y finalmente dijo: “No me importa que lo haya dicho el WSJ, porque yo los he padecido a los del WSJ diciendo mentiras (…) no, no, no, es mejor el Reforma”.

Con el visto bueno del consejo de administración de Pemex, entonces encabezado por Pedro Joaquín Coldwell, Pemex Fertilizantes adquirió Grupo Fertinal por 635 millones de dólares en diciembre de 2015, durante la gestión de Lozoya. El director de Pemex Fertilizantes era Édgar Torres Garrido, quien fue asesor y posteriormente socio de Lozoya.

La subsidiaria de Pemex adquirió Fertinal a pesar de que la empresa arrastraba una deuda de más de 426 millones de dólares. De este monto, la compañía debía 406 millones 894 mil dólares a Banco Azteca, con un primer plazo de vencimiento en diciembre de 2015, y no contaba con los recursos para pagar.

Dos meses antes de concretarse la venta, el consejo de administración de Fertinal se decretó un dividendo de 871 millones 500 mil pesos –aproximadamente 51 millones de dólares–, el cual se distribuiría “en el momento en que existan recursos disponibles”.

Ese monto, que fue pagado por Pemex, coincide con el presunto soborno a Peña Nieto que el “informante” denunció ante la SEC.

En el acta del consejo de administración del 28 de enero de 2016, en la que se oficializó el traspaso de acciones de Grupo Fertinal a Pemex, los socios anteriores de la empresa informaron que recibieron 100% del dividendo; plantearon que 619 millones 400 mil pesos fueron distribuidos “mediante pago en efectivo” y que los 252 millones 100 mil pesos restantes se repartieron “mediante un aumento en la parte variable del capital social, sin la emisión de acciones representativas de dicho capital”.

Pemex Fertilizantes no contaba con fondos suficientes para comprar la empresa. Contrató dos créditos con Nacional Financiera, Bancomext –dos organismos cuyos consejos de administración eran presidido por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda– y Banco Azteca, de Salinas Pliego.

En la denuncia de hechos que Pemex presentó a la FGR hace medio año, la abogada Martha Edith Rodríguez Acosta señaló a todos los actores involucrados en el caso Fertinal: Lozoya, Torres Garrido, Pedro Joaquín Coldwell y los demás integrantes del consejo de administración de Pemex; pero también Covarrubias, Banco Azteca y las sociedades europeas NPK Holding AB y Base Rock BVBA. l