La justicia no es cosa de niños

Para el Poder Judicial del estado, el interés superior de los niños no parece existir, acusan padres de familia en proceso de divorcio. Además de que muchos jueces actúan con parcialidad en casos de alienación parental, dicen, las instituciones no garantizan que los encuentros con los menores se lleven a cabo en las mejores condiciones.

El Poder Judicial del estado padece un rezago de más de 40 años en la impartición de justicia en materia de familia, afirman representantes de organizaciones civiles.

Denuncian que en el periodo vacacional del pasado diciembre, el Centro de Convivencia de la zona metropolitana que da servicio a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá  y Zapopan, estuvo a punto de cerrar sus actividades por descuido del Poder Judicial.

El Centro de Convivencia de Guadalajara, ubicado en avenida de La Cruz 2003, colonia San Vicente, es el único en la zona conurbada y atiende cada fin de semana los requerimientos de los 10 juzgados de lo Familiar, lo que implica a cientos de padres que enfrentan un proceso de divorcio o están en vías de separación, y quienes sólo en este centro pueden ver a sus hijos.

Oficialmente, el Primer Partido Judicial, enclavado en la zona metropolitana, registra un promedio de 100 divorcios mensuales, de los cuales entre 15 y 18% no alcanzan un acuerdo.

El Centro de Convivencia es subvencionado por el DIF tapatío con base en un convenio firmado en febrero de 2016 entre el Poder Judicial y el ayuntamiento.

Sin embargo, Jorge Carlos Ruiz Romero, coordinador de la asociación civil denominada “Ni un exhijo más”, integrada por padres y madres a quienes sus exparejas les impiden ver a sus hijos, señala:

“Tenemos sólo un Centro de Convivencia, que en lugar de administrarlo el Consejo de la Judicatura de Jalisco lo hace el DIF Guadalajara. Se ubica en la colonia San Vicente. Ahí llega gente que viene de otros municipios, como Ixtlahuacán, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque; todos tienen que ir a ese centro de convivencia.”

A pesar de ello, dice Ruiz Romero, “ese realmente no es un centro, no está acondicionado para cubrir el servicio. Estaba mejor cuando operaba en el Centro de la Amistad Internacional, por la calle Eulogio Parra. Donde se ubica ahora hay inseguridad, te encuentras a albañiles trabajando en la zona, fierros por todos lados y vidrios. En sus inmediaciones detectas gente que llega a tomar embriagantes y no sucede nada. Falta vigilancia. No es un ambiente idóneo para la convivencia.

“Hemos pedido a la autoridad que el Zoológico de Guadalajara, el Trompo Mágico y otros lugares de esparcimiento establezcan acuerdos con las instituciones para que los niños tengan recreación. Llegas a un Centro de Convivencia y no tienes para comprarles un dulce, nada de bebidas, no puedes sacar a los menores, no te dejan tomar fotografías. Es una prisión.”

A su juicio, “debería haber cuando menos otros cuatro centros de convivencia en Guadalajara y el estado debería tenerlos, porque te vas a otros municipios y no hay ninguno”.

Lo peor, enfatiza Ruiz Romero, es que dichas carencias afectan a padres, madres y sobre todo a los menores, que de por sí sufren los procesos de separación:

“En primer lugar afecta a nuestros hijos, al negárseles la posibilidad de convivir con sus progenitores. Aquí lo mismo hay mujeres y hombres a quienes se les niega el acceso a sus hijos, a la justicia o a la atención mínima que requiere cada caso.

“Al gobierno del estado y al Consejo de la Judicatura no les interesan los menores. Aquí no hay un interés superior del menor. Tenemos 10 juzgados de lo Familiar. Acaban de abrir uno que nada más es para las mujeres. En total 11 juzgados familiares en el Primer Partido Judicial, es decir un territorio con más de 5 millones de personas. En la Ciudad de México, con 20 millones, hay 42 Centro de Convivencia… Si nos vamos a la proporción, nos hacen falta más de 10 juzgados de lo Familiar en Jalisco y eso te da la dimensión del rezago. Eso sin tomar en cuenta la negligencia con que opera el Poder Judicial.”

Señala que decenas de personas de “Ni un exhijo más” y de otras agrupaciones tienen ya de dos a cinco años sin ver a sus hijos, sus cónyuges lo decidieron sin considerar el daño que esto le causa a los menores.

También califica de errático el trabajo de los jueces ante los casos de alienación parental, en los que un miembro de la pareja se vale de su influencia sobre el menor para predisponerlo contra el otro, lo que ocasiona que se rompan los vínculos familiares, empezando por la convivencia.

Otros padres de familia coinciden en que las instalaciones, en el noreste de Guadalajara, no reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo el encuentro entre los menores y sus progenitores, ya que ahí mismo se llevan a cabo otras actividades del DIF Guadalajara, como clases de danza y pintura, además de que la zona es insegura.

Indiferencia

Nauhcatzin Bravo Aguilar, quien coordina la agrupación civil “Abriendo paso a los pequeños pasos”, que brinda asesoría jurídica sobre la defensa de los derechos humanos de los niños y el derecho de convivencia, dice que el Poder Judicial se fue de vacaciones en diciembre pasado sin responder una notificación del DIF Guadalajara sobre el Centro de Convivencia.

El día 5 el DIF notificó por escrito al Consejo de la Judicatura que el Centro de Convivencia iba a permanecer abierto del 19 de diciembre al 1 de enero, a fin de que el órgano judicial estuviera enterado y se evitara la cancelación de encuentros familiares por la suposición de que las instalaciones estuvieran cerradas.

Sin embargo, a decir de Bravo Aguilar, el Poder Judicial no se dio por notificado oportunamente:

“En forma tardía y casi a manera de burla sobre la petición y notificación, el Consejo de la Judicatura respondió hasta el 4 de enero de 2017. Yo creo que el oficio de esa notificación al CJ lo sacaron del bote de la basura” para responder, dice.

Aclara que el órgano judicial contestó sólo cuando la organización “Abriendo paso a los pequeños pasos” pidió, a través de la Ley de Transparencia, que la Judicatura informara por escrito sobre su respuesta a la mencionada notificación del DIF.

“Una vez que se dieron cuenta de su omisión se dieron a la labor de llenar la plana simplemente y se dedicaron a cumplir con la forma de manera tardía. Y el 4 de enero ya de 2017 acuerdan este oficio, a partir de la notificación del DIF Guadalajara de la prestación de su servicio del 19 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017. Es claro que el tema se trató totalmente fuera de tiempo, en forma irresponsable”, denuncia Bravo Aguilar.

Por este motivo, considera que para el próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua existe el riesgo de que el Consejo de la Judicatura deje de notificar nuevamente a jueces y magistrados de que el Centro de Convivencia seguirá funcionando, y de esa forma cientos de familias pospongan sus encuentros.

Remarca Bravo Aguilar que la respuesta extemporánea de la Judicatura “parece una burla”, pues menciona “que por la premura del tiempo y en respuesta al comunicado del DIF se realizaron las llamadas telefónicas correspondientes para informar a las autoridades judiciales correspondiente el contenido de la presente carta”.

Es decir, explica el denunciante, que “a los jueces y magistrados les informaron un mes después de las vacaciones que el Centro de Convivencia iba a estar abierto”, cuando el aviso ya no tenía sentido.

José Antonio Jiménez representante de  la asociación civil Amigos Invisibles, que agrupa a más de 80 padres de familia, sostiene que en Jalisco el Poder Judicial se muestra “inoperante y ciego” ante los derechos de los niños y no garantiza la convivencia de los hijos con sus padres cuando éstos se divorcian.

Revela que ante las quejas y denuncias, “había la promesa del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia y cabeza del Consejo de la Judicatura (Luis Carlos Vega) de que habría grandes transformaciones para mejorar la aplicación de justicia en materia familiar y garantizar el derecho de los niños a la convivencia con sus padres, pero se fue ese funcionario y estamos a la espera de lo que sigue”.

Escéptico, indica: “No es de descartarse que el Poder Judicial de  nuevo se olvide del interés superior de los niños y deje de prestar el servicio de ese centro”.

Como ejemplo de los extremos a los que pueden llegar los jueces en su desdén por la justicia en materia de familia, el coordinador de “ni un ex-hijo más”, Ruiz Romero, recuerda que a un juez de Atotonilco le tocó dictar sentencia en el caso de una mujer que hizo con él su servicio social; además de tramitar su divorcio, la convirtió en su pareja sentimental (Proceso
Jalisco 610).

“El colmo –dice Ruiz Romero– es que en pleno abuso de poder, ese juez negó al hombre divorciado la posibilidad de ver al hijo concebido con su expareja y aplicó la justicia en beneficio propio, en un claro conflicto de interés.”

Aunque dicho juez debió ser investigado por abuso de autoridad y en su caso fincarle responsabilidades, la Judicatura únicamente lo trasladó a Zapotlanejo.