Desaseo administrativo en Zapopan

El accidente de un trabajador de Aseo Público de Zapopan provocó una airada protesta sindical que obligó al ayuntamiento dirigido por el emecista Pablo Lemus Navarro a instalar mesas de negociación, no sólo para que se atienda al afectado, sino para que se acabe con la corrupción. Los sindicalistas piden a las autoridades acabar con los contratos a modo y aclarar si el servicio de recolección de basura se va a privatizar.

El pasado 6 de diciembre al mediodía, mientras maniobraba un camión de Aseo Público de Zapopan recién reparado, el trabajador Fermín Quintero, El Firguas, sufrió un accidente al accionar la compactadora. Y estalló el escándalo.

De inmediato, sus compañeros elevaron su protesta y exigieron una limpia en la dependencia para evitar más accidentes en los vehículos recolectores, sobre todo porque, dice, cuando los mandan a reparar pagan sobreprecios y no quedan bien, como sucedió con la unidad 1362 modelo 2000, que presentó fallas en el sistema hidráulico.

Insistieron en que el área de adquisiciones dé mantenimiento oportuno y eficaz al parque vehicular para evitar accidentes como el del Firguas, quien estuvo a punto de perder una mano.

Ante las presiones, las autoridades zapopanas ofrecieron establecer mesas de diálogo, en las que participan desde el 23 de diciembre líderes del Sindicato Zapopan y el jefe del gabinete del ayuntamiento, Juan José Frangie. Los trabajadores inconformes piden frenar la opacidad administrativa –los precios inflados en las reparaciones y compra de refacciones– y saber si el servicio será privatizado.

En el primer encuentro, ambas partes acordaron hacer una colecta para comprar los clavos y placas que el trabajador requerirá para una cirugía posterior de mano. A nombre del ayuntamiento, Frangie se comprometió a absorber los gastos.

Entrevistado vía telefónica el 26 de diciembre, mientras esperaba una revisión médica, el trabajador lesionado asegura que no recuerda lo ocurrido. Incluso admite que pudo tratarse de una imprudencia de su parte, pese a que sus compañeros aseveran que el mecanismo no funcionaba adecuadamente.

A diferencia de otros trabajadores de la dependencia, El Firguas no fue atendido en un hospital privado, pues en la compañía aseguradora ABA le dijeron a sus familiares que la póliza contratada por el municipio no cubría los gastos.

Sin embargo, este semanario corroboró que la póliza GO36200001 inciso 1334 tiene cobertura amplia, pero sólo por lo que se refiere al camión compactador 1362, marca General Motors modelo 2000, placas JG87233, pero no abarca el sistema hidráulico que provocó el accidente.

Según el documento, la póliza tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2017 y, según las cláusulas, ampara gastos médicos a ocupantes por hasta 400 mil pesos, pero sólo por siniestro de la unidad y no por la operación del sistema hidráulico.

Por eso le negaron al Firguas el pase a un nosocomio particular y fue trasladado al Hospital Ayala, donde estuvo casi cuatro semanas. Salió del nosocomio para pasar la Navidad en su casa. Cuenta que su recuperación será lenta. La herida se infectó por una bacteria, por lo que fue operado el pasado 29 de diciembre en la clínica 89 del IMSS.

Compras fraccionadas y dirigidas

Ramón Quintero Miñón, responsable de comunicación del Sindicato Zapopan, con más de 28 años de servicio en la dependencia, relata que hubo un accidente en el que murieron cuatro compañeros: el chofer y sus tres auxiliares. Adelantó que el sindicato pedirá que en las próximas renovaciones de pólizas la cobertura incluya el sistema hidráulico.

Cuestionado sobre una eventual privatización del servicio de recolección de basura, Quintero Miñón comenta que los cerca de 850 trabajadores de Aseo Público se oponen a ello.

“Se trata de un gran negocio donde sale perdiendo el propio ayuntamiento, pues quieren imponer su visión de negocios y manejarse como si fuera una empresa, cuando no lo es.”

También habla de la corrupción, ya que se contratan servicios a precios muy elevados y reparaciones menores que podrían ser realizadas en la propia Dirección de Aseo.

“Es una realidad que los trabajadores ponen recursos propios para las reparaciones menores con tal de que sus camiones no estén parados mucho tiempo, situación que provoca quejas constantes y añejas”, agrega el sindicalista.

Y pone un ejemplo: la reparación del camión se hizo bajo la orden de compra 201603036 aprobada por adjudicación directa el 23 de noviembre pasado por 148 mil 278 pesos, la cual, a decir de trabajadores, fue “cara y mal hecha”.

En contraste, la reparación de la unidad 2668 por motor en general, pailería, sistema eléctrico, cambio de turbo, cambio de tanque recuperador, laminado, pintura y rotulación costó 136 mil pesos.

Durante la gestión de Arturo Zamora Jiménez (2003-2006), un camión recolector se impactó contra el tren ligero y la aseguradora únicamente se hizo responsable por el vehículo (el chasís cabina) y no por la caja compactadora y su sistema hidráulico. Lo que conviene revisar en la renovación de los seguros el próximo año, reitera el dirigente sindical zapopano.

Jorge López Ochoa, propietario de un taller mecánico ubicado en El Colli, en Zapopan, y proveedor de servicios de mantenimiento vehicular del municipio desde la administración del priista Héctor Vielma Ordóñez (2010-20012), admite que hay corrupción en las áreas de servicios públicos y adquisiciones, ya que contratan talleres externos que no reúnen los requisitos ni cumplen con las garantías, además de que cobran precios inflados.

Durante 14 años fue jefe del taller municipal en Zapopan y Guadalajara, por lo que, dice, conoce el negocio. Incluso muestra a la reportera copias de “órdenes de compra fraccionadas”.

La intención, asegura, es que los servicios contratados no pasen por la Comisión de Adquisiciones, sino que sean adjudicados directamente a proveedores a modo.

De acuerdo con los documentos consultados, hubo una compra de cuatro llantas para un cargador frontal (maquinaria pesada) que superaba los 160 mil pesos –el tope que marca el Reglamento de Adquisiciones de Zapopan para las compras directas–, por lo que fue fraccionada en dos: la primera –la 20160146– fue por una llanta y tuvo un costo de 52 mil 559 pesos, la segunda –la 201601719– fue por tres llantas de las mismas características y se erogaron 157 mil 678 pesos.

Ambas órdenes de compra arrojan un importe superior a los 210 mil pesos, por lo que, conforme al reglamento, no debieron adquirirse en forma directa, como se hizo, a favor de la empresa Tracsa, SAPI de CV.

López Ochoa cita también la contratación de los servicios de arrastre con la empresa Grúas Dueñas. Le pagaron, dice, 160 mil 397 pesos por 201 traslados. Incluso muestra la orden de compra 201603473, elaborada el 9 de diciembre pasado.

Dice que el ayuntamiento encabezado por el emecista Pablo Lemus Navarro no debería pagar por esas maniobras, ya que la Dirección de Mantenimiento Vehicular cuenta con tres grúas: una es para vehículos pesados, otras dos son de plataforma y la Comisaría de Seguridad Pública tiene otra que presta servicio en forma coordinada con Mantenimiento Vehicular.

Cotizadores y empresas

Jorge López Ochoa exhibe copia de la orden de compra 201603013 a favor de Hidráulica y Pailería de Jalisco fechada el 23 de noviembre pasado, para la reparación del camión de la Dirección de Aseo Público con número económico 2047 por 140 mil 145 pesos, realizada por el cotizador Fernando Rodríguez Hernández.

El 2 de diciembre último, él mismo generó una nueva orden de compra para la misma unidad y el mismo proveedor –la 201603328–, pero por 44 mil 950 pesos, lo que muestra que las autoridades zapopanas fraccionan las adquisiciones para violar el reglamento.

Por fortuna, dice López Ochoa, ese cotizador fue removido, pues tenía señalamientos desde la administración de Juan Sánchez Aldana (2007-2009) y de presuntos vínculos con el proveedor Hidráulica y Pailería de Jalisco.

El pasado 23 de noviembre otro cotizador del área, Graciela Franco Baeza, elaboró la orden de compra número 201602984 a favor de Hidráulica y Pailería, derivada de la requisición puente 201501490 para la reparación de un cargador frontal de Aseo Público con número económico A0017, “pero que no se realizó el servicio y lo están reviviendo con esa nueva orden de compra para pagarle”, declara López Ochoa.

También denuncia gastos por la reparación de vehículos dados de baja en otras dependencias zapopanas, como las patrullas de Seguridad Pública. Una de ellas es la unidad R0015 –una camioneta Ford tipo pick up F 150 modelo 2010–, que ahora pertenece a Patrimonio Municipal.

Se pagaron 140 mil 541 pesos, según la orden de compra 201603056, emitida el 23 de noviembre a favor del proveedor Miguel Óscar Gutiérrez Gutiérrez. La dirección del proveedor en la colonia Americana no corresponde a un taller mecánico.

Otro caso fue el vehículo con número económico 2569 de Protección Civil y Bomberos, marca Dodge tipo pick up modelo 2008. El ayuntamiento erogó 149 mil 294 pesos a través de la orden de compra 201603109, elaborada el 24 de noviembre pasado a favor de grupo Motormexa.

A Motormexa también se le asignó la reparación de la unidad 2283 de Protección Civil y Bomberos, marca Dodge pick up, modelo 2008, cuya reparación fue por un total de 148 mil 451 pesos, según la orden de compra 201603084. Otra orden de compra –la 201603110– fue asignada a Motormexa para la reparación de una Dodge pick up por 154 mil 815 el 24 de noviembre.

López Ochoa asegura que lo que se pagó por las cuatro camionetas tipo pick up no es justificable, pues rebasa el valor comercial de las unidades en el mercado.

Revanchismo

López Ochoa, apoderado legal del taller Vesubio Protecnia, advierte que el ayuntamiento zapopano pretende acabar con su negocio, pues se volvió en un incordio para las autoridades.

El 27 de diciembre último, cuenta, recibió la visita de seis inspectores municipales de Ecología y Reglamentos, quienes realizaron una exhaustiva inspección del taller. Después de tres horas determinaron clausurarlo de manera parcial.

“En un acto claro de abuso de poder porque he operado con permisos temporales. Prefieren renovármelos para no darme la licencia, a pesar de que ya cumplí con todos los requisitos.”

El abogado de López Ochoa le informó que la clausura no procede porque ya le han expedido cinco permisos y está dado de alta como proveedor, ha prestado servicios bajo contrato previa revisión de sus instalaciones y tiene los dictámenes de Protección Civil y Bomberos favorables.

El afectado demandó por la vía Mercantil al ayuntamiento de Zapopan porque se niega a pagarle 2.6 millones de pesos por servicios prestados.

Asevera que en Zapopan han tomado represalias desde que destapó la cloaca en Adquisiciones y les presentó evidencias de las irregularidades. Concursó con cotizaciones inferiores a las de un proveedor a quien pretendían asignarle la reparación de unas barredoras, dice.

“Eso provocó la cancelación de la contratación y la salida del director de Adquisiciones, Manuel Sierra Camarena, a quien el ayuntamiento de Guadalajara invitó a dirigir el Instituto Municipal de la Vivienda, pese a haber salido de Zapopan por corrupción”, comenta López Ochoa.

Proceso Jalisco tiene copia de la solicitud de juicio ejecutivo contra el ayuntamiento de Zapopan presentada el pasado 14 de diciembre por López Ochoa, derivada de la contratación de servicios mecánicos no saldados y el trámite iniciado de medios preparatorios de juicio ejecutivo.

Asimismo, el 28 de diciembre presentó un amparo para revertir la clausura parcial de su negocio y lograr la expedición de la licencia porque, insiste, no hay causas para negarla.

A revisar el pasado

Guillermo Martínez Mora, regidor panista en el ayuntamiento de Zapopan, califica como positiva la decisión del jefe de gabinete de sostener mesas de negociación con los trabajadores y externa su confianza en que sean la base para resolver los problemas y se traduzca en un mejor servicio a la sociedad.

Antes, particularmente en las administraciones de Zamora Jiménez y Macedonio Tamez Guajardo, dice, Aseo Público daba un servicio ejemplar; fue modelo para otros municipios.

“Eso es algo que no podemos perder de vista, incluso en el gobierno de Vielma Ordóñez la gente todavía reconocía (el servicio de recolección domiciliaria), pero se perdió la satisfacción en el gobierno de Héctor Robles y se tendrán que tomar consecuencias muy drásticas”, insiste Martínez Mora.

Dice que está al tanto de las mesas de trabajo para solucionar problemas en Aseo Público y conoce la complejidad de la dependencia, donde desempeñan labores de recolección familiares y amigos de los trabajadores sin pertenecer a la plantilla laboral de Zapopan.

Según él, los resultados de las mesas de negociación se darán a conocer este mes. Lo que preocupa es la intención de privatizar el servicio.

“En el tema de la basura tenemos que buscar una salida que nos dé soluciones de fondo al ciudadano. Recordemos los tiempos en que Zapopan era el mejor municipio en el servicio y tomar el ejemplo. Hay que buscar qué se hizo bien”, sostiene.

Respecto a las quejas por reparaciones a precios elevados y problemas en el Taller Municipal, estima que la privatización sería una buena salida para el municipio: “El éxito de muchos países ha sido eso, siempre y cuando no se lesionen los derechos de los trabajadores, como ahorita que estamos trabajando en el tema de la concesión de las luminarias y que el ayuntamiento no puede hacer la inversión que se necesita”.