Aristóteles declaró Alerta de Género… y ya

El jueves 3, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y una decena de organizaciones civiles cuestionaron al gobierno de Aristóteles Sandoval por su “falta de seriedad” en el compromiso de combatir la violencia contra las mujeres, y porque consideran que en los hechos la autoridad estatal obstaculiza en vez de agilizar las medidas que le dan sentido a la Alerta de Violencia de Género.

La socióloga María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuestiona al gobierno del estado por enfrentar la violencia con una “simulación”, a pesar de que Jalisco es una de las ocho entidades más peligrosas para las mujeres.

El pasado 8 de febrero, Sandoval Díaz anunció la aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Ameca y Puerto Vallarta.

En entrevista, Estrada indica que vino el jueves 3 a Guadalajara porque las representantes del OCNF y otras organizaciones tenían programada una reunión de trabajo con el fiscal Eduardo Almaguer y el secretario de Salud Antonio Cruces Mada para afinar detalles sobre la Alerta de Género, cuya aplicación en ocho municipios anunció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el pasado 8 de febrero.

Dicha reunión fue propuesta por el gobierno del estado al cumplirse nueve meses del mencionado anuncio de Sandoval Díaz, enfatiza Estrada. Sin embargo, los funcionarios dejaron plantados a las organizaciones convocadas.

Recuerda que antes de eso, a mediados de año, varios colectivos pidieron un encuentro con el mandatario estatal y donde fueran testigos de honor los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de Amnistía Internacional, a fin de comprometer el cumplimiento de los acuerdos.

Dice que Sandoval Díaz se comprometió a emitir un decreto sobre la alerta de violencia contra las mujeres, a reestructurar la metodología para su aplicación y a integrar un grupo de trabajo con los testigos de honor mencionados y dos agrupaciones sociales como Cladem y el OCNF para dar asistencia técnica, asesoría profesional, acompañamiento y evaluación para el adecuado cumplimiento de la alerta.

“Sin embargo, después de cuatro meses de ese encuentro, hoy se mantiene un proceso de simulación que no permite la implementación de las acciones para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad  de las mujeres jaliscienses”, denuncia, pues la autoridad retrasa la aplicación de la alerta, incumple acuerdos y cancela reuniones con las organizaciones ciudadanas.

Sobre la inasistencia del secretario de Salud y del fiscal el pasado jueves 3, Estrada comenta que aparte de ser una descortesía, es una grave omisión que revela cuánto le importa al gobierno jalisciense el problema.

“Para nosotros significa mucho desgaste, hay inversión de recursos humanos y económicos. Nosotras fuimos convocadas y fueron los secretarios quienes nos mandaron llamar hoy. Pero no es la primera vez que lo hacen”, dice la activista.

No obstante, aclara, en vez de abandonar la causa “vamos a solicitar de manera formal a Gobernación, a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia, que se profundice en la instauración de la Alerta de Género. Nosotros sí tenemos la disposición, y el gobernador dijo que quiere que esto continúe para mejorar”.

A su vez, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Cladem, adelanta que ante la poca disposición mostrada por el gobierno del estado para la plena implantación de la alerta, las organizaciones no gubernamentales iniciarán acciones para denunciar ante organismos internacionales y locales la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en Jalisco.

Además solicitarán formalmente al gobierno federal que haya diferentes tipos de alerta para que se puedan supervisar: una por violencia de género, otra por violencia o feminicidio y otras más por agravio comparado, por existir una política pública que transgrede los derechos humanos de las mujeres y las niñas jaliscienses, así como por la falta de acceso a servicios especializados en salud que incluyan la interrupción legal del embarazo, principalmente en casos de violación y de riesgo a la vida.

La simulación oficial

Estrada recapitula: “Al principio el gobernador mostró toda la voluntad para trabajar de fondo en el tema de los derechos de las mujeres, pero ya en la práctica comprobamos que con gente como su secretario de Gobierno, Roberto López Lara, la gente que se mandató para dar seguimiento a la alerta, la autoridad pone muchos obstáculos.

“Pedíamos mesas de trabajo conjuntas entre organismos civiles y autoridades para no desestimar a nadie, pero en ellas se requiere de gente experta en la materia para que apoye con la implementación del proyecto, que mida los avances o la falta de éstos, y desde hace meses ese objetivo no se cumple.”

Denuncia: “Cuando trabajamos más en corto sobre las medidas de prevención, descubrimos que la autoridad no aceptó el tema de revisión de cuentas en torno a la alerta, tampoco se aceptó la discusión de los mecanismos para entrar a fondo en la implementación, y entonces se empezó a no generar las condiciones idóneas para avanzar en cada medida”.

Pone como ejemplo la iniciativa de unidad de búsqueda, cuyo objetivo es encontrar a las desaparecidas. “No tiene forma y hay problemas para la inmediata operación de rastreo de niñas o mujeres que se encuentran desaparecidas”, afirma.

Además, dice, “no se sabe cómo se coordinan las autoridades con diferentes instancias, como las policías municipales, la estatal y el Ministerio Público. Nada de eso queda claro”.

También cuestiona la aplicación de recursos públicos con fines publicitarios, porque se creó un fondo para ello: “No es nada más decir: ‘hice una campaña’ y ya, se tiene que explicar en esa iniciativa el grave problema que se tiene con los feminicidios y explicar la violencia contra las mujeres que prevalece en la entidad”.

Explica que el gobierno estatal creó una campaña, “que nunca entendimos, de violencia familiar, pero el problema va mucho más allá de la violencia intrafamiliar: estamos hablando también del tema criminal. No solamente las matan los esposos o los conocidos, estamos hablando de redes donde se llevan a las niñas, a las mujeres… y también de la presencia del crimen organizado en los feminicidios en Jalisco”.

Asimismo, relata que las organizaciones aportaban documentos que nunca se leían, o a las mesas de trabajo se presentaban funcionarios distintos a los designados. No era un proceso serio, había mucha dilación y desgaste, por lo que las activistas llegaron a la conclusión de que actuaban así “con el fin de que nosotras desistiéramos”.

Vulnerabilidad

En 2015 se registraron en Jalisco 150 casos considerados feminicidios, mientras que de enero a octubre del presente año –pese a la alerta anunciada en febrero– se habían documentado 80.

En forma similar, de enero de 2014 a junio de 2015 la cifra oficial de desaparecidas fue de mil 675, aunque la FGE afirma que ya se localizó a la mayoría de las extraviadas. Sin embargo, las organizaciones sociales indican que al menos 245 mujeres siguen desaparecidas.

Nueve meses después del anuncio de la alerta, la coordinadora del Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, lamenta que en sus actuales condiciones esa alerta es un fracaso.

La activista denuncia que últimamente las mujeres que acompañan a una víctima se quejan de intimidación porque en algunos procesos legales hay una presencia excesiva de policías sin que haya motivo.

Además, considera que existe un claro retroceso institucional en materia de transparencia. Por ejemplo, en el portal de internet del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya desapareció la estadística de mujeres asesinadas, lo que genera desinformación.

Lo grave, enfatiza, es que esto ocurre al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (NSJPA). “Lo que queda en claro es que en Jalisco se anunció la puesta en operación de la Alerta de Género para tratar de evitar que llegara la supervisión de fuera (por parte de autoridades federales y de organismos internacionales)”.

La supervisión de esa alerta en los estados está a cargo de la Secretaría de Gobernación y participan en ello la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, las activistas afirman que al entrar en operación el NSJPA, los peritajes solicitados al IJCF tardan semanas o hasta meses en realizarse a causa de la sobrecarga de trabajo y falta de personal.

A su vez, María de la Luz Estrada también cuestiona la negativa sistemática del gobierno de Sandoval Díaz a concretar 15 acciones que él mismo planteó para combatir los feminicidios, la violencia sexual y la desaparición de mujeres y niñas.

Entre los organismos inconformes con la actuación del gobierno de Jalisco y sus diferentes dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General y otras instituciones, además del OCNF y Cladem, se cuentan el Centro Feminista de los Derechos de las Mujeres Leticia Galarza Campos (Cefem), la Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), el Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta), Colectivo Calle Sin Acoso, Yocallani AC, Agenda Feminista de Jalisco, Queremos Seguir Vivas y el Círculo de Estudios Feministas Las Irreverentes.

El jueves 3 esas organizaciones difundieron un comunicado en el que acusan al gobierno de Sandoval Díaz de simulación y falta de seriedad en sus compromisos:

“A pesar de que las organizaciones sociales y civiles buscan coadyuvar en la implementación de las medidas (de combate a la violencia contra las mujeres), brindando asistencia técnica y allegando al gobierno (de Jalisco) a expertas y expertos en el tema, es evidente la falta de voluntad política del gobierno del estado para implementar las acciones mínimas, y persiste una situación de simulación.”

El OCNF aclara que de las 249 desapariciones reconocidas por las autoridades estatales, al menos 59% son mujeres menores de edad, lo que equivale a 145 víctimas.

Añade que en los últimos 18 meses se han reportado en Jalisco 700 violaciones de mujeres, pero el gobierno estatal excluye de esa cifra a las menores porque considera que si la víctima es niña o adolescente sólo se puede configurar contra el agresor el delito de acoso sexual.