Con dinero público, gobernador de Colima paga alquiler a su pareja

El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx) La administración del gobernador de Colima, Mario Anguiano, pagó durante tres años, del 2012 al 2014, 584 mil pesos por la renta de un inmueble que nunca uso y que es propiedad de una mujer con la que tuvo una relación extramarital, según una investigación difundida este lunes por el diario Reforma.

De acuerdo con el portal de Transparencia del estado, el gobernador priista erogó 194 mil 880 pesos anuales durante ese periodo, por el supuesto arrendamiento del inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera Díaz, con quien el gobernador tiene dos hijos.

La investigación destaca que en los “contratos vigentes” de la Secretaría de Finanzas y Administración de Colima, el gobierno rentó el inmueble ubicado en la calle Rafael Macedo 60, colonia Camino Real.

En la documentación se señala que la propiedad era utilizada como oficinas de la Secretaría de Finanzas de Colima, aunque testimonios de vecinos, aseguran que ahí nunca hubo oficinas del gobierno, y sí un consultorio médico hasta 2012 y luego una agencia de publicidad.

La nota de Reforma detalla que los contratos en 2012 y 2013 se firmaron a nombre de Rebeca Alexandra Herrera Díaz y el de 2014, a nombre de su socia Karewi Viridiana Flores Eusebio, quienes tienen una agencia de publicidad llamada inicialmente Publipán y posteriormente Imaxe.

Pero el gobierno de Colima no sólo pagó el alquiler de ese inmueble, también asignó a la agencia de la pareja de Mario Anguiano cuatro contratos asignados por el Ejecutivo de manera directa y por invitación restringida, por un monto total de 263 mil 244 pesos.

En un comunicado enviado a esta redacción, el gobierno de Colima elude informar si en efecto Alexandra Herrera expareja sentimental del gobernador es dueña del inmueble que le rentó el gobierno colimense y tampoco se refiere a los cuatro contratos que le asignaron a la empresa de la mencionada Herrera.

El gobierno que encabeza Anguiano simplemente asegura que “todas las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que realizan las dependencias del gobierno de Colima están apegadas a la normatividad existente” en la materia y que el gobernador “como lo establecen las referidas leyes, en ninguno de los casos participa en la decisión de la contratación de ningún bien o servicio”.