Nicaragua: Agresión a jóvenes por apoyar a viejitos

La protesta en apoyo a los pensionados.
Foto: Tomada de Twitter

MANAGUA (apro).- Raina Khan, de 26 años, todavía no puede conciliar el sueño. Apenas logra dormir tres horas por las noches. Luego la asaltan los recuerdos, las escenas de horror que ella, junto con decenas de jóvenes de ambos sexos, vivió la madrugada del sábado 22 de junio, cuando una fuerza de choque paramilitar, afín al gobierno de Daniel Ortega, asaltó el campamento provisional que habían levantado en apoyo a los adultos mayores que demandan el cumplimiento del derecho a una pensión reducida.

Minutos antes del ataque, Khan y un grupo de muchachas fueron a una estación de gasolina, ubicada a unos 100 metros de distancia, porque necesitaban utilizar el baño. La noche –en solidaridad con los viejitos– había transcurrido alegremente porque cerca de la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), donde se registraba la protesta social, llegaron grupos musicales a interpretar sus canciones y, tanto jóvenes como ancianos habían bailado en un ambiente de camaradería.

Cuando Khan y sus amigas regresaron al lugar de la protesta, se quedaron horrorizadas. Un cordón humano de jóvenes encapuchados, que vestían playeras con emblemas y consignas gubernamentales, destruía el campamento improvisado de los muchachos organizados en el movimiento #OcupaINSS. Mientras tanto, otros vapuleaban a los jóvenes que encontraron soñolientos, tocando guitarras o jugando ajedrez. La turba portaba garrotes, bayonetas y hasta martillos.

“Perras hijueputas, las vamos a matar, las vamos a violar, váyanse por donde vinieron”, les gritaron a Khan y sus amigas, mientras las rodeaban y obligaban a regresar a la gasolinera o a sus casas.

Khan recuerda que a gritos pidieron ayuda a policías que se encontraban a pocos metros, pero éstos permanecieron impávidos. Los atacantes seguían golpeando, pateando o neutralizando con llaves marciales a los muchachos desarmados.

Ellas, asustadas, optaron por correr hacia la gasolinera y lograron refugiarse en los cuartos fríos del establecimiento. Prevalecía el pánico, el shock. Khan vio a algunas de sus compañeras vomitando, y a muchachos con la barbilla ensangrentada. Entre todos trataron de consolarse.

Con saldo insuficiente para hablar desde su celular, Khan logró mandar algunos mensajes de texto denunciando la vapuleada y pidiendo ayuda. El primero que acudió en su auxilio fue un bombero voluntario y luego un taxista buen samaritano.

A eso de las ocho de la mañana llegó a su casa, se acostó y rompió a llorar desconsoladamente. Desde entonces lo hace con frecuencia.

“Yo no pertenezco a ningún movimiento o partido, fui allá porque me identifiqué con los viejitos, con su lucha. Los relacioné con mi abuelita, quien padecía Alzheimer y falleció hace dos meses”, relató Khan.

Hoy no puede conciliar el sueño. Los recuerdos de esos minutos de horror llegan como flashbacks y la atormentan.

Hechos vandálicos

Jorge Hurtado, de 23 años y otra víctima de esa represión oficial, también se pone nervioso si escucha el rugir de las motos, o cuando se encuentra con alguien, intempestivamente, que viste camisetas con lemas gubernamentales.

Esa madrugada, del 22 de junio, le robaron su vehículo marca Suzuki, modelo Celerio, que compró un año atrás y que todavía está pagando al banco. Tenía apenas 20 mil kilómetros recorridos.

“No lo he recuperado, puse la denuncia ante la Policía, pero no me lo han entregado. Me han dicho que podría estar dentro de la sede del INSS (Seguro Social), pero no lo he podido comprobar”, dijo.

Junto con su vehículo están desaparecidos otros seis automóviles que conducían algunos jóvenes que estaban en el campamento #OcupaINSS, apoyando a los ancianos. Los vehículos, entre ellos incluso camionetas valorados en más de 50 mil dólares, estaban estacionados y las fuerzas de choque oficialistas los abrieron a la fuerza y se los llevaron remolcados, con paradero desconocido. Incluso hay videos que registran ese saqueo.

Además de los siete vehículos desaparecidos, los jóvenes agredidos han denunciado el robo de cuatro motocicletas, nueve cámaras digitales, 27 celulares, cuatro iPads, tres computadoras, 11 tarjetas de crédito y de débito, tres relojes y tres guitarras, entre otros bienes. Además la destrucción del equipo de sonido contratado para amenizar la velada cultural de apoyo a los adultos mayores.

Jorge Hurtado se salvó de ser vapuleado porque logró esconderse en el baño de una casa vecina, junto con cuatro jóvenes. “Corrí con suerte”, dijo, a pesar del robo del vehículo, ya que se puso a salvo cuando distinguió a lo lejos la turba de jóvenes encapuchados, con las camisetas oficiales al revés, que entraron gritando “Tírense al suelo, hijueputas”, mientras esgrimían bates de beisbol, garrotes, y hacían disparos al aire.

Desde el baño oyó los gritos de víctimas y de victimarios. “Agarralo”, “verguéalo”, “móntalo al camión”, oía gritar, mientras escuchaba también disparos, golpes al cuerpo, a mujeres pidiendo auxilio. De pronto llegó el silencio, no volvió a escuchar nada.

“Un silencio absoluto, creí que los habían masacrado”, dijo.

Llegó un segundo grupo de choque, hombres más adultos, sin capucha. Estos se dedicaron a mover los vehículos, a trasladarlos con rumbo desconocido, y a limpiar la zona donde permaneció la protesta. Como si no hubiera pasado nada.

“Sabíamos que existía la amenaza que llegaran (grupos oficiales), pero nunca creí que fuera así. Fue brutal, súper planificada, súper organizada, sorpresiva. Fue una acción militar”, comentó Hurtado.

Con los primeros rayos de luz llegaron los directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo defensor y promotor de los derechos humanos, pese a que el lugar ahora estaba en poder de las fuerzas oficialistas. Ante su presencia, salieron muchachos y muchachas que permanecieron escondidos, escuchando y viendo lo ocurrido. Muchos irrumpieron en llantos cuando se reencontraron con otros compañeros que creían muertos o desaparecidos. También acudieron en su auxilio los líderes de la Iglesia católica nicaragüense.

Tres días después de los sucesos, los jóvenes agredidos demandaron de las autoridades nicaragüenses una investigación a profundidad de los actos de violencia del 22 de junio y que los agresores sean juzgados ante los tribunales. También exigieron que las autoridades policiales involucradas en la detención y retención ilegal de 16 jóvenes, sean procesadas. Y, que los altos mandos policiales cómplices sean destituidos.

A esta demanda se unió la de Amnistía Internacional (AI), la cual instó a las autoridades nicaragüenses “a investigar las denuncias de golpes y robos a los estudiantes y que los responsables comparezcan ante la justicia”, señaló el organismo mundial a través de un comunicado hecho público el 25 de junio.

Sin embargo, en la misma fecha, la Policía Nacional negó esos hechos y las denuncias a través de una nota de prensa. Informó además que no había ninguna persona detenida.

“Esta posición obedece a intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretende desacreditar y deslegitimar la labor de la Policía Nacional de Nicaragua, presentando y manipulando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fue realizado por nuestros agentes, lo que denunciamos y condenamos públicamente”, insistió el vocero policial, Fernando Borge.

La raíz de la lucha social

La pensión reducida de vejez, según el informe preparado por el equipo jurídico del Cenidh, es un derecho humano reconocido en el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social, el cual está vigente.

Sin embargo, dichas pensiones dejaron de pagarse bajo el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mediante el Decreto 38-94, que derogó varios artículos, pero no el mencionado 49. Pero, los gobiernos sucesores lo desconocieron amparándose en la falta de recursos financieros o de reservas suficientes.

Al retornar al poder Daniel Ortega, en enero de 2007, no restableció el pago de la pensión reducida de vejez, sino que entregó ayudas económicas, medicinas y equipos médicos, apoyándose en la ayuda venezolana. Sin embargo, dicha ayuda económica –denominado bono solidario— sólo lo reciben alrededor de 8 mil viejitos, agrupados en la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), que dirige Porfirio García.

Manuel Ruiz, exejecutivo del Seguro Social nicaragüense y experto en el tema, estima que los adultos mayores que deberían recibir pensión reducida de vejez oscilan entre los 12 mil a 15 mil personas. Sin embargo, sugiere que las autoridades hagan un censo para corroborar la población exacta de aquellos ancianos, mayores de 60 años, que cotizaron en su vida laboral entre 250 a 749 semanas, para tener derecho a la pensión reducida de vejez.

El actual director del INSS, Roberto López, estimó por su parte que los adultos mayores que reclaman una pensión reducida de vejez podrían superar las 54 mil personas, por tanto, la institución no tiene reservas suficientes para enfrentar esa demanda social. Para Ruiz, esa cifra no es fehaciente.

La jerarquía católica exhortó a buscar una salida negociada a la demanda social. “Este problema se está complicando por falta de voluntad de la otra parte (gobierno). No se resolverá a través de acciones terroristas como la agresión que sufrieron ustedes”, dijo monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, al reunirse con los jóvenes agredidos.

Y añadió: “Estos jóvenes son los que fueron atacados cobardemente de sorpresa, golpeados. Los obispos los encontramos bajo choques nerviosos, con moretones, heridas, asustados, muchachos que estaban con los ancianitos solamente siendo cariñosos, atentos, cercanos con ellos, ayudándoles en su lucha por la justicia”.

Una semana después que inició la protesta de los adultos mayores, el lunes 24 de junio, las fuerzas sindicales, magisteriales, estudiantiles y transportistas identificados con el gobierno de Ortega realizaron una multitudinaria marcha por la capital, apoyando al gobierno y a las autoridades del Seguro Social. En esa marcha, se anunció el inicio de las negociaciones con el líder de los adultos mayores organizados en la UNAM, Porfirio García.

Dos días después, ambos sectores –gobierno y adultos mayores— se sentaron frente a frente y anunciaron que se reanudarían una vez más las entregas de ayudas médicas a 8 mil adultos mayores. Asimismo, se sostendría el bono económico. Sin embargo, de la pensión reducida a la vejez no se anunció nada.